El Plan de medidas antifraude es un documento que ha de elaborar cada entidad decisora/ejecutora y es la IGAE la competente de valorar, en el ámbito de las auditorías, la existencia de medidas adecuadas para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses que llevará a cabo según se dispone en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
