La Comisión ha manifestado que los Estados miembros son libres de utilizar los recursos del MRR en todo lo necesario para cumplir los hitos y objetivos, incluidos los gastos derivados de la asistencia técnica. Pero siempre, respetando las obligaciones de la normativa vigente, que son: no sustituir el gasto presupuestario nacional (salvo en casos debidamente justificados), respetar el principio de adicionalidad de la financiación de la Unión, la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
