El idioma en que deben estar redactados los documentos que se incorporen a CoFFEE tiene que ser el castellano, debiendo las entidades traducir los documentos que estén en otros de los idiomas cooficiales que hay en España que tengan que ser incorporados a este sistema informático.
En virtud de la Orden 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dispone, en su artículo 11 rubricado que “La Autoridad Responsable del Plan, en colaboración con la Oficina de Informática Presupuestaria, será la encargada del diseño y gestión del sistema, que se configura como un instrumento de relación entre las distintas entidades relacionadas con el PRTR”, así como también que “La Oficina de Informática Presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado proporcionará los servicios electrónicos necesarios para la carga de la información por la entidad ejecutora”.
Partiendo de esto, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de idéntico contenido al artículo 36 de la ya derogada Ley 30/1992:
Artículo 15. Lengua de los procedimientos.
- La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante, lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.
- En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
- En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
- La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.”
Además, se recuerda que se trata de documentación a la que tendrá acceso la Comisión, que sólo reconoce como idioma válido para relacionarse con ella el español.